Durante una entrevista en el programa "Corrientes en el Aire", la magistrada explicó que la medida se tomó en el marco de un expediente por obstaculización reiterada del vínculo entre el menor y su padre, y aseguró que la decisión fue adoptada tras una extensa intervención judicial e informes interdisciplinarios.
Una causa de larga data
Macarrein indicó que el conflicto se originó por el incumplimiento sistemático del régimen de comunicación entre el niño y su padre.
Según explicó, la madre habría desobedecido reiteradas órdenes judiciales, no concurrió a citaciones del juzgado y presentó certificados médicos que, según la investigación judicial, no correspondían a atenciones efectivamente realizadas."La conducta era constante y renuente. Existía una orden judicial para que el niño pudiera vincularse con su padre y esa disposición no se cumplía", sostuvo.
Intervención previa de la Justicia
La jueza remarcó que antes del operativo concurrió personalmente al domicilio junto al asesor de menores, el secretario del juzgado y personal especializado de la Comisaría de la Mujer para intentar resolver la situación de manera consensuada.Al no obtener resultados, dispuso la continuidad del procedimiento con intervención policial.
Aclaración sobre el operativo
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la participación del Grupo PAR (Policía de Alto Riesgo), situación que había generado cuestionamientos.Macarrein aclaró que no ordenó la intervención de un grupo táctico, sino que solicitó la colaboración de un negociador judicial con experiencia en resolución de conflictos."La indicación fue muy precisa. Se convocó a un negociador y al personal especializado de la Comisaría de la Mujer. Nunca ordené un operativo de alto riesgo para un niño de dos años", afirmó.
Estado del menor
La magistrada aseguró que el niño se encuentra actualmente al cuidado de su padre y que, de acuerdo con los informes médicos y las verificaciones realizadas, presenta un buen estado de salud.
También sostuvo que el menor no presenció los momentos de mayor tensión del procedimiento y que, al reencontrarse con su padre, lo hizo de manera espontánea.
"El niño está en perfecto estado. Fue corriendo a los brazos de su papá cuando lo vio", expresó.
Investigación sobre el procedimiento
Consultada sobre un posible exceso policial, Macarrein señaló que, según la información oficial incorporada al expediente, durante el operativo una persona que se encontraba en la vivienda habría recibido a los efectivos con un arma blanca, circunstancia que obligó a intervenir para neutralizar la situación.No obstante, sostuvo que no existen elementos que indiquen un uso desproporcionado de la fuerza contra el niño.
Contacto con la madre
La jueza explicó que la madre conserva el derecho de mantener comunicación con su hijo y que el padre recibió instrucciones para facilitar videollamadas y mantenerla informada sobre el estado del menor.
Asimismo, manifestó su expectativa de que el conflicto familiar pueda resolverse mediante mecanismos de diálogo y con el acompañamiento del juzgado.
Debate sobre los allanamientos
Durante la entrevista, la conductora María Mercedes Vázquez reiteró su postura respecto a la necesidad de revisar los protocolos utilizados en los allanamientos y procedimientos judiciales.
Si bien reconoció la importancia de cumplir las órdenes judiciales, sostuvo que la ejecución de esos procedimientos podría realizarse con menor nivel de daños materiales, especialmente cuando involucran a niños."No hace falta romper toda una casa para cumplir una orden judicial. Hay metodologías que pueden revisarse", expresó.
El interés superior del niño
Macarrein concluyó señalando que todas las decisiones adoptadas en la causa tuvieron como prioridad la protección del menor."Jamás voy a hacer algo que afecte la integridad de un niño. Todas las medidas fueron tomadas con informes técnicos y pensando exclusivamente en resguardar sus derechos", afirmó.El caso volvió a poner en debate la complejidad de los conflictos por el cuidado de los hijos tras la separación de una pareja y el desafío de equilibrar el cumplimiento de las decisiones judiciales con la protección emocional de los menores involucrados.
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