Según Yulán, el tribunal es un espacio emblemático porque ha sido escenario de fallos significativos, como la condena a perpetua del femicida de Liberón, aunque reconoció que en muchos casos la justicia tarda en hacerse efectiva.
“Nos parece que es un lugar simbólico, donde se ha logrado justicia en algunos casos, pero donde también ha costado mucho y ha habido que luchar para que se cumpla”, dijo Yulán.
Contexto actual y preocupación por la violencia
La activista se refirió al aumento de la violencia y al impacto de discursos de odio que afectan a mujeres y personas trans. “Estamos siendo blanco de tergiversaciones, fake news y estigmatizaciones desde el Estado. Esto genera un caldo de cultivo para que la violencia crezca”, sostuvo.
Yulán criticó además la falta de políticas públicas y el cierre de dependencias como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, y alertó sobre proyectos legislativos que podrían desincentivar la denuncia de casos de violencia. “El proyecto de las falsas denuncias es muy nocivo, porque muchas víctimas ya tienen miedo de denunciar. El Estado debe acompañarlas y garantizar que la justicia funcione”, señaló.
Marcha y convocatoria
La marcha partirá a las 16:30 desde la intersección de Rioja y Costanera hacia Plaza Vera, donde se realizarán intervenciones artísticas en memoria de las víctimas de femicidio en Corrientes. “La idea es transformar la bronca en acción y visibilizar la problemática de manera colectiva. Toda la sociedad debe involucrarse”, destacó.
Perspectiva de género y legislación
Durante la entrevista, Yulán también hizo referencia a leyes clave para la protección de las mujeres y diversidades, entre ellas:
Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital.
Ley Micaela, que establece capacitación obligatoria en perspectiva de género para funcionarios públicos.
Ley 26.485, de protección integral a las mujeres.
Ley 26.791, que introduce el agravante de femicidio en el Código Penal.
Ley Brisa, que protege los derechos de hijos e hijas de víctimas de femicidio.
La activista enfatizó la necesidad de que todos los poderes del Estado y la sociedad se involucren activamente en la prevención y sanción de la violencia de género.
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