Según explicó el abogado de la familia, Francisco Valenzuela, la medida fue notificada el viernes al mediodía y dispone el retiro inmediato del matrimonio que residía en la propiedad de manera ilegal. La casa pertenece exclusivamente a la viuda y sus hijos, quienes reclamaban su restitución desde hace meses.
Sin embargo, el cumplimiento de la orden judicial se vio rápidamente entorpecido. De acuerdo con el letrado, tras el desalojo del matrimonio, una nueva persona —familiar de los ocupantes— ingresó al inmueble junto a una menor, lo que fue calificado como una maniobra para “burlar” la resolución judicial.
Valenzuela advirtió que la situación es “grave desde el punto de vista legal e institucional”, ya que la orden de la Cámara alcanzaba únicamente a los mayores de edad, lo que habría sido aprovechado para mantener la ocupación a través de terceros. En ese sentido, confirmó que se presentó una denuncia para que se amplíe el desalojo a cualquier persona que permanezca en la vivienda sin autorización.
Un conflicto con antecedentes de violencia y demoras
El caso de Ramona García no es reciente. Según había señalado el propio Valenzuela semanas atrás, la disputa se originó tras la muerte del propietario del inmueble, cuando familiares del fallecido comenzaron a ocupar la vivienda en medio de denuncias cruzadas y una causa por violencia familiar.
El abogado calificó anteriormente la situación como “insostenible”, denunciando demoras judiciales y episodios de violencia dentro del hogar, lo que agravó el conflicto y dejó a la viuda y sus hijos sin poder ejercer plenamente su derecho sobre la propiedad.
En ese contexto, la actuación de la jueza de familia Nora Infante había sido cuestionada por las decisiones adoptadas en la causa, que permitieron la permanencia de terceros en la vivienda.
Expectativa por una resolución definitiva
Actualmente, la defensa de la familia espera una nueva intervención de la Cámara que ordene el desalojo total del inmueble y garantice que solo los legítimos propietarios puedan habitarlo.
Mientras tanto, el caso sigue generando polémica en la provincia por el accionar de los ocupantes, quienes habrían ingresado incluso con una orden judicial en contra, y por las dificultades del sistema para hacer cumplir las decisiones en tiempo y forma.
La resolución definitiva podría conocerse en los próximos días.
Comentarios de los lectores