Según relató el letrado, el conflicto se originó en una vivienda donde históricamente residía una familia junto a sus hijos. En ese contexto, habrían brindado hospedaje a un familiar que, tras un desacuerdo, habría presentado una denuncia por violencia familiar en el marco de la Ley Provincial 5019. Valenzuela sostiene que dicha denuncia sería falsa y que se utilizó como mecanismo para ocupar la propiedad.
El abogado aseguró que la situación derivó en una medida judicial que permitió el ingreso de otra familia a la vivienda, lo que calificó como una “usurpación disfrazada”. En ese sentido, identificó a Ramona García de Segovia como una de las personas involucradas en la ocupación del inmueble.
Además, cuestionó el accionar de la jueza de familia Nora Infante, a quien atribuyó haber tomado decisiones sin una inspección previa de la vivienda ni una evaluación integral de las condiciones de vida de la familia original. Según su testimonio, la resolución judicial habría obligado a ambas partes a convivir en condiciones precarias dentro de la misma propiedad.
Valenzuela también denunció hechos de violencia y deterioro dentro del inmueble, incluyendo daños materiales, interrupciones de servicios básicos y episodios que —según afirmó— ya fueron incorporados al expediente judicial sin obtener respuestas concretas.
En cuanto al estado de la causa, explicó que parte del expediente se encuentra en instancia de apelación, mientras que nuevos hechos continúan tramitándose en el juzgado de origen. Señaló que, hasta el momento, no hubo resoluciones que modifiquen la situación actual, la cual describió como “insostenible”.
El conflicto continúa en desarrollo y, según indicaron, se esperan nuevas instancias judiciales que podrían determinar el futuro de las familias involucradas. Mientras tanto, el caso pone en debate la aplicación de las normas de violencia familiar y el accionar de la Justicia en situaciones de alta complejidad social.
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