Durante la entrevista, Barrios explicó que la presencia de agentes municipales en rutas nacionales tiene limitaciones jurisdiccionales. “No podemos estar en ruta nacional, eso no es jurisdicción de la provincia. Siempre se coordina con la policía”, señaló, aunque reconoció que sí pueden intervenir en sectores como rotondas y corredores urbanos, considerados dentro del ejido municipal.
Uno de los puntos más críticos abordados fue el episodio ocurrido el último fin de semana, cuando entre 30 y 40 motocicletas ingresaron en contramano por la avenida Independencia para evadir controles policiales y municipales. Según se describió, muchos de los rodados circulaban sin patente y con varios ocupantes, lo que dificultó cualquier intento de identificación o sanción.
Frente a esta situación, el funcionario admitió que actualmente no existe una política completamente definida para abordar este tipo de faltas. No obstante, planteó que la solución deberá apoyarse en un enfoque mixto: mayor coordinación con la policía provincial y la incorporación de tecnología.
“Estamos avanzando en la compra de cámaras para aplicar sistemas de fotomulta y videomulta. La clave está en la tecnología que podamos incorporar”, afirmó Barrios, aunque también reconoció que este tipo de herramientas presenta limitaciones cuando los vehículos no cuentan con identificación visible.
Además, se mencionó la posibilidad de retomar estrategias de concientización, como el trabajo con referentes o figuras públicas para desalentar conductas peligrosas entre quienes participan de estas concentraciones de motos.
Pese a las propuestas, desde el propio espacio radial se cuestionó la efectividad de las medidas tecnológicas frente a situaciones masivas y desorganizadas. “Es un malón el que entra, rompen espejos, generan caos. ¿Cómo se controla eso solo con cámaras?”, plantearon los conductores.
Barrios insistió en que el objetivo es implementar estas herramientas a lo largo del año y fortalecer los operativos conjuntos con la policía, aunque quedó en evidencia que el fenómeno requiere una respuesta más integral.
El episodio dejó al descubierto no solo el crecimiento de estas prácticas ilegales, sino también las dificultades del Estado para dar una respuesta inmediata y efectiva ante hechos que ponen en riesgo la seguridad vial y ciudadana.
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