El magistrado de Corrientes había acusado a quienes lo investigaron y enviaron a juicio oral. Por fallo unánime, el máximo tribunal rechazó los cuestionamientos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy el rechazo de un recurso de queja que el ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila presentó contra los funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad que lo investigaron por presunta connivencia con narcotraficantes a cambio de resoluciones judiciales que los favorezcan.
Soto Dávila denunció a Sergio Torres, ex juez federal que lo procesó y que actualmente integra la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, al fiscal federal Carlos Stornelli, a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, al abogado Rodrigo González, a Raúl Contreras, ex titular de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, a Valeria Osorio, oficial de la Gendarmería, y a Hernán González, primer alférez de la Gendarmería.
El ex juez denunció que quienes lo investigaron lo hicieron en un acuerdo ilegal para perjudicarlo a través de maniobras para que otros imputados en la causa declararen como arrepentidos para perjudicarlo en el expediente y a cambio recibieron beneficios.
La denuncia fue rechazada en todas las instancias judiciales -el juez de primera instancia, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación- hasta que llegó al máximo tribunal. Hoy la Corte Suprema rechazó el reclamo y así la acusación de Soto Dávila quedó definitivamente cerrada. “El apelante no ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos” en la normativa vigente, “por lo que corresponde desestimar la presente queja. Por ello, se desestima la presentación directa”, estableció la Corte con el voto unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Soto Dávila está procesado junto con secretarios judiciales de su tribunal, acusados de haber cobrado coimas a acusados de narcotráfico para liberarlos o lograr beneficios en las causas. Un abogado que actuaba como intermediario declaró como arrepentido y relató cómo se pagaban los sobornos.
“El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte”, sostiene la acusación contra el ex magistrado.
El caso estuvo a cargo de Torres, quien pidió la detención de Soto Dávila, pero no se pudo concretar porque como magistrado tenía fueros de inmunidad de arresto. El caso pasó al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la investigación de la conducta de los jueces, que inició una investigación. Soto Dávila renunció a fines de febrero. Así perdió los fueros y quedó en prisión domiciliaria por problemas de salud.
En abril de 2019, el ex juez logró la libertad a la espera que se haga el juicio oral en su contra. La Cámara Federal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo excarcelaron al señalar en su resolución que “no se verifica la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta sea la única alternativa viable a los fines de garantizar el éxito de esta investigación”. La referencia es a que Soto Dávila ya no es más juez, el elemento que la Cámara había tenido en cuenta en marzo pasado para sostener su detención por el riesgo para la causa que esa circunstancia conllevaba.
Los camaristas también señalaron que se debe fijar una fianza para que Soto Dávila quede en libertad. También ordenaron que debe “presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes”.
En disidencia, el camarista Mariano Llorens votó por rechazar el pedido de excarcelación. Sostuvo que no cambiaron las circunstancias para que el ex juez quede en libertad.
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