Poder Judicial aprueba anteproyecto de presupuesto por $14,7 mil millones

Para el año 2022 se prevé fondos por un total de $14.723.824.224, de $17.911.811.518 para el año 2023 y de $23.524.704. 424 para el año 2024.

 

JUDICIALES - 22-10-2021

El Superior Tribunal de Justicia aprobó un anteproyecto de Presupuesto 2022 de $14,7 mil millones, mientras que el Poder Ejecutivo prevé fondos por $12,7 mil millones para el año próximo. Según la corte provincial, los recursos proyectados por el Ejecutivo “claramente resultan insuficientes para cumplir con las metas y objetivos trazados”.

Por Acuerdo Extraordinario N°6, el máximo órgano judicial de la provincia aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2022 y sus proyecciones para los Ejercicios 2023 y 2024 del Poder Judicial.

Para el año 2022 se prevé fondos por un total de $14.723.824.224, de $17.911.811.518 para el año 2023 y de $23.524.704. 424 para el año 2024.

De esta forma, lo solicitado por el Poder Judicial para el año próximo a priori registra una diferencia de más de 2.200 millones de pesos entre lo que planifica el Poder Ejecutivo para el 2022.

Es que según el Memorándum de fecha 29 de septiembre de 2021, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia informó al Poder Judicial los créditos presupuestarios de la Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro General- que supuestamente fueron asignados de manera provisoria a la justicia, en la suma total de $12.425.727.232.

En la Acordada Extraordinaria N°6, el Superior Tribunal de Justicia expone que en el Memorándum del Ministerio de Hacienda, “no se aclara ni se explica, como así tampoco se acompaña documentación que respalde el origen o el resultado de la suma que se pretende asignar al Poder Judicial”,

 “Claramente resultan insuficientes para cumplir con las metas y objetivos trazados” sostiene el Superior Tribunal.

Se aclara que es inherente al principio republicano de gobierno, el respeto por la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, principalmente cuando se trata de la elaboración del Presupuesto, de cuya observancia depende la efectividad de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.

Agrega que es atribución indelegable del Superior Tribunal de Justicia presentar al Poder Ejecutivo Provincial el presupuesto anual de gastos de la Administración de Justicia, en virtud de la autarquía financiera y el deber de participación de los recursos generales del presupuesto provincial en el porcentaje que determina la ley, para su posterior tratamiento por el Poder Legislativo Provincial.

Cabe aclarar que para el año 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474.527.222 y desde el Ejecutivo se había planificado $7.209.605.885.

Si se compara los 14,7 mil millones de pesos solicitados por la justicia para el 2022 respecto a los 9,4 mil millones de pesos pedidos para el 2021, se observa un crecimiento del 55% de incremento entre ambos presupuestos.

FONDOS NECESARIOS

Desde el Superior Tribunal de Justicia se indica que los fondos solicitados por la justicia resultan importantes para continuar trabajando en distintas políticas centrales para el Poder Judicial.

En Gestión Judicial se requiere seguir propiciando una gestión judicial con eficiencia, calidad y transparencia; mejorar y facilitar el acceso a justicia, principalmente para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de fortalecer la credibilidad en el sistema de justicia.

En materia de Tecnologías resulta necesario trabajar y apoyar para que sea una realidad el nuevo sistema de gestión jurisdiccional de desarrollo propio, tanto para la plataforma del sistema penal como para los fueros no penal, usando la tecnología para la mejora y medición de la gestión, con base en el expediente electrónico y digitalización de todos los procesos e impulsando las medidas necesarias para la progresiva despapelización de toda la actividad judicial.

En materia de Infraestructura Edilicia se proyecta dotar de funcionalidad a los edificios y la disposición de las oficinas, con accesibilidad, contemplando las distintas necesidades de acuerdo a los nuevos roles de los actores del sistema frente al nuevo Código Procesal Penal, al nuevo Código Procesal Civil y Comercial, nuevo Código Procesal de Familia, ajustándose al proceso de oralización y siguiendo con las prioridades de la puesta en funcionamiento de las Oficinas judiciales conforme al cronograma oportunamente fijado para toda la Provincia, como así también las refacciones y construcción de nuevos edificios establecidos en el plan de obra pública.

En materia de Recursos Humanos, se necesita mejorar la administración de los recursos humanos y la eficiencia del proceso de selección; continuando con la capacitación del personal en las diferentes funciones judiciales para lograr alcanzar sus competencias laborales, promoviendo un cambio de cultura institucional orientada a la mejora y profesionalización del servicio, haciendo comprender la importancia del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a la organización.

Por último, en materia de Comunicación Judicial: fortalecer la comunicación externa para permitir una relación adecuada con la sociedad, a través de las reglas del lenguaje claro, mejorar los servicios de información del Poder Judicial orientados al usuario, simplificando los canales de comunicación.

“Para lograr el desarrollo de la Administración de Justicia es indispensable contar con los recursos económicos adecuados, razonables y suficientes, resultando además impostergable contemplar las partidas para una adecuada recomposición salarial de los Magistrados, Funcionarios, Técnicos-Profesionales y Empleados judiciales, sostenible durante el próximo año presupuestario y de manera gradual” expresa el Superior Tribunal de Justicia.

En ese marco reiteraron que lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2022 y sus proyecciones para los Ejercicios 2023 y 2024 del Poder Judicial resulta necesario a fin de continuar con la implementación del Código Procesal Penal en la Provincia, como así también ejecutar la planificación de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, sin descuidar los demás objetivos estratégicos trazados por este Superior Tribunal de Justicia.

Se indica que se contempla principalmente un conjunto de proyectos y acciones para la construcción de nuevos edificios y/o refuncionalización de los existentes e igualmente para la compra de equipamientos informáticos y de audio-grabación a fin de hacer efectiva la oralidad en los procesos judiciales.

Momarandú

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