Los trabajadores de la salud involucrados en una organización que se dedicaba a comercializar vacunas fueron identificados como Sara Gutiérrez y Guillermo Barrios. La tercera persona sería un comprador. La denuncia fue realizada por el propio Director del Hospital San Roque, Leandro Ramírez.
Las vacunas eran vendidas, la Sputnik V a 9.000 pesos y la Sinopharm a $8.000. La maniobra vendría desde hace un tiempo, quienes las adquirieron serían reconocidas familias de la localidad y de zonas ganaderas.
El Fiscal que actúa en la causa, Javier Mosquera, quiere los nombres de las personas que se inmunizaron ilegalmente. Hacía allí estaría dirigida la investigación. En el gobierno de Corrientes, hay cierta preocupación y calentura por el suceso, que seguramente ocupará la portada de los medios nacionales.
Desde un principio el sistema de vacunación en Esquina estuvo inmerso en internas partidarias, cuando dos sectores de Encuentro por Corrientes se disputaban su distribución y colocación en la zona. Nadie entendía porque había dos áreas como responsables de la inmunización. Una el Hospital, controlado por un socio de la Alianza oficialista, y la otra, APS, dirigida por la familia del ex intendente Humberto Bianchi. En el medio de esa disputa quedaron los adultos mayores del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, cuyos pacientes se contagiaron de coronavirus, algunos murieron, porque no fueron vacunados en tiempo y forma, cuando ya habían llegado vacunas a la ciudad.
Asimismo existen sospechas de comercialización de vacunas antigripales y de neumonía realizada por igual banda, donde estarían también involucradas farmacias de esa localidad, en la tercerización de la venta. Corrientes otra vez en el ojo de la tormenta.
(Diario 1588).
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